jueves, 11 de diciembre de 2025

LA ÉTICA INTERIORIZADA COMO ANTÍDOTO CONTRA LA DEPENDENCIA DEL CONTROL

 Por:  Lic.Adm. Angel Vásquez

INTRODUCCION

La efectividad y la sostenibilidad de cualquier organización, sea esta una entidad de gestión pública o una empresa privada, no radican únicamente en la rigidez de sus estructuras de supervisión, por el contrario, la verdadera fortaleza se encuentra en la calidad moral de sus miembros.  Cuando los sistemas de control externo se convierten en el principal motor del cumplimiento, surge una peligrosa dependencia del control, que no solo resulta costosa e ineficiente, sino que además socava la base misma de la responsabilidad y la integridad; por ello, la alternativa a este riesgo de dependencia radica en el desarrollo de una ética interiorizada.


I. EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA DEL CONTROL EXTERNO

La dependencia del control externo se traduce en algo muy simple y hasta a veces molesto: “la necesidad de tener a alguien detrás controlando constantemente para que la gente haga lo que debe”. En los entornos laborales privados y a nivel público, la única forma de garantizar que alguien actúe de forma correcta y dentro de la ley es poniéndole encima una red de mecanismos de vigilancia , auditorías exhaustivas y un montón de reglamentos detallados, viviendo con el chip de la sanción metido hasta el hueso. Si el jefe, el auditor o la norma no están in situ respirándote en la nuca, la tentación de tomar atajos o hacer algo indebido crece; en esencia, si la gente solo cumple la ley por el miedo inminente a ser castigada, no estamos hablando de ética, sino de supervivencia táctica, lo cual es un ambiente agotador y totalmente insostenible en el largo plazo.

Este modelo de gestión, centrado en la vigilancia, genera varios riesgos sistémicos:

  • Cultura del Cumplimiento Mínimo: La acción se guía por la pregunta: ¿Qué puedo hacer sin ser detectado o sancionado?  Esto enfoca la energía en eludir la detección en lugar de buscar activamente el bien común o la excelencia, observándose en este contexto que la obediencia es táctica, no moral.
  • Ineficacia y Costo: Ningún sistema de control externo es infalible; siempre existirán vacíos que pueden ser explotados por quienes carecen de integridad. Además, estos mecanismos son caros y consumen recursos que podrían destinarse a la misión principal de la organización.
  • Erosión de la Confianza y Autonomía: La vigilancia constante comunica una profunda desconfianza hacia los empleados y servidores, lo que merma la moral, reduce la autonomía y debilita el sentido de responsabilidad.


II. LA ÉTICA INTERIORIZADA: EL VERDADERO ANTÍDOTO

La ética interiorizada es el proceso por el cual los principios, deberes y prohibiciones morales (como los establecidos en la Ley N° 27815 en el ámbito de la función pública peruana) se convierten en parte integral de la identidad, la motivación y el comportamiento habitual de un individuo.

El servidor público que ha interiorizado la ética actúa con probidad, transparencia y responsabilidad, no por temor a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos disciplinarios o al Registro Nacional de Sanciones , sino porque percibe su acción como la única coherente con su propio sistema de valores y su compromiso con el Servicio a la Nación y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal.

Beneficios de Actuar desde el Valor Interno:

  1. Sostenibilidad y Reputación: La integridad se convierte en un activo intangible. La consistencia del comportamiento ético, impulsado internamente, construye una confianza duradera con la ciudadanía, que es esencial para la legitimidad de la gestión pública.
  2. Eficiencia y Ahorro: Al reducirse la necesidad de controles punitivos y costosos, los recursos se liberan para la misión principal. La eficiencia se logra a través de la aptitud técnica, legal y moral (Idoneidad)  y no por la coacción.
  3. Resiliencia Ética: Los individuos empoderados con una brújula moral interna son capaces de tomar decisiones éticas en situaciones de ambigüedad o crisis, incluso cuando la norma es insuficiente, demostrando responsabilidad e idoneidad.

III. Estrategias para Fortalecer la Ética Interiorizada

La transformación de una cultura de cumplimiento forzoso a una cultura de integridad por convicción requiere estrategias organizacionales y psicológicas diseñadas intencionalmente:

1. Liderazgo Ético y Modelado

El compromiso debe provenir del Órgano de la Alta Dirección , el cual tiene la responsabilidad de ejecutar medidas para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio público.

  • Coherencia Innegociable: Los líderes deben modelar los principios éticos, como la probidad (rectitud, honradez y honestidad) y la neutralidad (absoluta imparcialidad). La incongruencia entre el discurso y la acción es el principal destructor de la cultura ética.
  • Incentivos y Reconocimiento: El Órgano de la Alta Dirección debe establecer mecanismos e incentivos para reconocer y premiar a los servidores que cumplan con los principios, deberes y prohibiciones del Código. Esto refuerza positivamente la conducta ética como un valor central.

2. Formación Ética Transformadora

La capacitación debe ir más allá de la lectura de la Ley N° 27815.

  • Desarrollo del Juicio Moral: La formación debe centrarse en el análisis de dilemas y la deliberación ética. Por ejemplo, enfrentar casos donde el deber de Lealtad y Obediencia hacia el superior colisiona con la obligación de denunciar supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.
  • Conexión con el Propósito: Los funcionarios deben entender que el cumplimiento de los deberes (como la Transparencia, la Discreción y el Uso Adecuado de los Bienes del Estado) es la vía directa para lograr los fines de la función pública: el Servicio a la Nación y la mejora de la eficiencia.

3. Mecanismos de Soporte y Responsabilidad

  • Canales de Denuncia Ética: Es fundamental que exista la obligación para todo servidor público de comunicar la transgresión del Código y que esta comunicación se realice a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos disciplinarios o al órgano que haga sus veces. La protección del denunciante es clave para legitimar este deber.
  • Inclusión en la Gestión de Talento: La Idoneidad (aptitud técnica, legal y moral) debe ser condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. La ética interiorizada debe ser un criterio explícito en la selección, promoción y evaluación de desempeño.


CONCLUSIÓN

La dependencia de un sistema de control externo y la constante "picazón" de las auditorías, es una señal de inmadurez organizacional y de baja moral interna. El verdadero salto cualitativo hacia una gestión pública transparente y eficiente reside en la interiorización de la ética.

Al fomentar activamente los principios y deberes establecidos en la normativa (como la Ley N° 27815), las organizaciones logran que la integridad se convierta en una motivación intrínseca, reemplazando el miedo a la sanción por el compromiso con el Servicio a la Nación. De esta manera, la ética interiorizada actúa como el antídoto más eficaz contra la dependencia del control, liberando recursos, fortaleciendo la confianza ciudadana y construyendo ambientes de trabajo inherentemente más responsables, donde la vigilancia se vuelve redundante ante la convicción moral.

viernes, 5 de diciembre de 2025

LAS PUERTAS GIRATORIAS EN EL PERÚ: ANÁLISIS, REGULACIÓN Y SANCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES BAJO LA LEY N° 31564

Por: Lic.Adm. Angel Vásquez

I. Introducción

1.1. Contexto y Justificación

El fenómeno de las "puertas giratorias" se refiere al tránsito fluido de profesionales entre el sector público y el sector privado, y viceversa. Si bien la movilidad laboral es legítima y necesaria, este mecanismo introduce un riesgo estructural de conflicto de intereses en la administración estatal. Este conflicto se materializa cuando un funcionario público utiliza su posición, su influencia o su conocimiento privilegiado de la entidad para beneficiar intereses particulares, ya sea al salir hacia el sector privado o al ingresar desde él con sesgos preexistentes.

En el Perú, la respuesta normativa para fortalecer la integridad pública y prevenir la "captura de políticas públicas" se formalizó con la promulgación de la LEY N° 31564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. El objeto de esta ley es establecer obligaciones e impedimentos para fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la prevención y mitigación de este conflicto.

1.2. Objetivos

  • Objetivo General: Analizar el marco legal peruano (Ley N° 31564) para la prevención y mitigación del conflicto de intereses, detallando sus criterios de aplicación, mecanismos de control y el régimen sancionador asociado.
  • Objetivos Específicos: Definir los sujetos obligados; detallar los criterios de "Competencia Funcional Directa" y "Ámbito Específico de la Función"; y desarrollar el alcance y las consecuencias del régimen de sanciones, especialmente la inhabilitación.

II. Marco Normativo y Alcance

2.1. Alcance de la Ley N° 31564

La Ley N° 31564 no deroga la Ley del Código de Ética de la Función Pública, sino que establece un marco más específico y detallado, derogando la anterior Ley N° 27588.

La norma aplica a dos grandes grupos de sujetos, independientemente de su vínculo laboral o contractual:

Sujetos del Sector Público

Sujetos del Sector Privado

Altos funcionarios: Directores, titulares, miembros de consejos directivos, consultivos, tribunales y órganos colegiados.

Accionistas Mayoritarios: Titulares de más del 1% de acciones o participaciones en personas jurídicas vinculadas a la entidad pública.

Funcionarios de línea: Funcionarios y servidores que han accedido a información privilegiada o relevante y cuya opinión fue determinante en la toma de decisiones.

Directivos y Asesores: Directores, representantes legales, gerentes, asesores o consultores de las empresas privadas mencionadas, con una antigüedad no mayor a un año al momento de su egreso.

Personal de Alta Dirección: Incluye Ministros, Viceministros, Congresistas, Jueces, Fiscales, Gobernadores, Alcaldes, Jefes de Organismos Autónomos, entre otros.

Miembros de Órganos de Dirección: De sociedades civiles o personas jurídicas sin fines de lucro vinculadas a la competencia de la entidad.

2.2. Obligaciones de los Sujetos del Sector Público

Los funcionarios y servidores están sujetos a dos obligaciones fundamentales que se mantienen incluso después de extinguirse su vínculo con el Estado:

  • Guardar Secreto y Confidencialidad: Respecto a los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter (secreta, reservada o confidencial).
  • No Divulgar ni Utilizar Información Privilegiada: Abstenerse de usar información que, sin tener reserva legal, resulte relevante y privilegiada, en beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del Estado.

III. Criterios de Identificación y Aplicación

La ley opera mediante la identificación de una relación funcional previa o potencial, estableciendo los periodos de enfriamiento (impedimentos o restricciones).

3.1. Criterios para el Tránsito del Sector Público al Sector Privado (Impedimentos - Artículo 4)

El impedimento se activa cuando el exfuncionario tuvo Competencia Funcional Directa sobre una empresa o institución privada en los últimos doce (12) meses de su gestión. Esta competencia se determina si:

  1. La empresa fue beneficiaria con un acto administrativo emitido por el exfuncionario o por la entidad bajo su dirección.
  2. La empresa estuvo comprendida en el ámbito específico de función, control y poder de decisión del exfuncionario.

Ejemplo de Aplicación (Competencia Funcional Directa):

Un Director de la Dirección de Asuntos Ambientales de un Ministerio emitió la aprobación final de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Empresa Minera X. Al cesar en el cargo, este director tiene un impedimento directo para prestar servicios, asesorar o formar parte del directorio de la Empresa Minera X, pues esta fue beneficiaria de un acto administrativo en el que él tuvo competencia funcional directa.

3.2. Criterios para el Tránsito del Sector Privado al Sector Público (Restricciones - Artículo 5)

Las restricciones se aplican a quienes ingresan al servicio público, buscando evitar que tomen decisiones sesgadas. Se activan cuando la nueva función pública tiene un Ámbito Específico de la Función que comprende a las empresas o entidades privadas con las que el sujeto estuvo vinculado laboral o contractualmente en el año anterior a su ingreso.

Ejemplo de Aplicación (Ámbito Específico de la Función):

Una Gerente de Asuntos Gremiales de la Asociación de Bancos es nombrada Directora de Estudios Económicos en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Si bien puede ingresar al cargo, tendrá una restricción de tres años para intervenir, opinar o decidir sobre solicitudes, causas, o cualquier procedimiento que involucre a la Asociación de Bancos o a sus miembros principales (los bancos).

IV. Impedimentos y Restricciones: El Periodo de Enfriamiento

La Ley establece plazos obligatorios que buscan mitigar el riesgo de conflicto de intereses:

4.1. Plazos para el Sector Público que Egresa (Impedimentos)

Los impedimentos se extienden hasta un (1) año posterior a la extinción del vínculo laboral o contractual con la entidad pública. Durante este plazo, el exfuncionario está impedido de: prestar servicios bajo cualquier modalidad, aceptar representaciones, formar parte del directorio o adquirir acciones de las empresas sobre las cuales tuvo competencia funcional directa.

Excepción: La prohibición de intervenir como abogado, apoderado, asesor, patrocinador, perito o árbitro en procesos pendientes subsiste permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieran participado directamente.

4.2. Plazos para el Sector Privado que Ingresa (Restricciones)

Los impedimentos (restricciones de intervención) se extienden hasta tres (3) años posteriores a la extinción del vínculo laboral o contractual con la empresa o institución privada.

Excepción: Para los sujetos que son titulares de más del 1% de acciones de una persona jurídica vinculada (literal a del numeral 2.2), los impedimentos son permanentes mientras mantengan tal condición. Una vez cesada dicha condición, les son aplicables los plazos de tres años.

V. Mecanismos de Control y Prevención

La Ley implementa diversas herramientas para garantizar su cumplimiento:

  • Declaración Jurada (DJ): Es obligatoria su presentación, previamente a la contratación, ante la Oficina de Recursos Humanos o Logística. Esta DJ es de carácter público y está sujeta a fiscalización.
  • Cláusula de Cumplimiento: Los contratos de locación de servicios que celebren las entidades con sujetos del sector privado deben incluir una cláusula que advierta que la presentación de información falsa en la DJ o el incumplimiento de los impedimentos del artículo 5 son causales de resolución de contrato y, consecuentemente, de inhabilitación por cinco años.
  • Publicación de Listas: Las entidades del sector público están obligadas a publicar y actualizar en sus portales institucionales la lista de los sujetos obligados comprendidos en la norma.
  • Supervisión y Control: La Oficina de Integridad Institucional de cada entidad implementa las acciones de prevención y mitigación y supervisa el cumplimiento de la ley.

VI. Régimen Sancionador y Responsabilidades Legales

La Ley N° 31564 establece sanciones concretas que demuestran su carácter punitivo, además de preventivo.

6.1. Clasificación de las Infracciones

El incumplimiento de la Ley constituye una falta de carácter disciplinario, clasificada en:

  • Infracciones Leves: No solicitar la DJ o no implementar las acciones de prevención.
  • Infracción Grave: Presentar la Declaración Jurada con información inexacta o falsa.
  • Infracciones Muy Graves: El incumplimiento de las obligaciones (secreto/confidencialidad) o de los impedimentos (período de enfriamiento/restricciones) establecidos en los artículos 3, 4 y 5.

6.2. La Sanción de Inhabilitación

La sanción más grave y característica es la inhabilitación para contratar o prestar servicios al Estado:

Caso de Incumplimiento

Sanción Aplicable

Alcance de la Sanción

Incumplimiento de Impedimentos (Art. 4.2)

Inhabilitación por cinco (5) años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Afecta al exfuncionario que violó el periodo de enfriamiento y a la empresa privada que participó en dicho incumplimiento.

Incumplimiento de Restricciones (Art. 5)

Inhabilitación por cinco (5) años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Afecta al sujeto del sector privado que, al ingresar con un vínculo contractual no laboral, intervino en asuntos que le estaban restringidos.

Una vez detectado el incumplimiento, la máxima autoridad administrativa notifica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para su inclusión en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para su inclusión en la relación de proveedores inhabilitados.

6.3. Responsabilidad Adicional

Las sanciones administrativas son aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Si el acto de incumplimiento constituye un delito (como Tráfico de Influencias o Negociación Incompatible), el infractor deberá responder ante la justicia penal.

VII. Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

La Ley N° 31564 representa un avance fundamental en el diseño de una política de integridad robusta en el Perú. Al enfocarse en el control del conflicto de intereses antes de que se materialice en corrupción, establece un mecanismo preventivo (periodos de enfriamiento de uno a tres años y las restricciones de intervención) y un régimen sancionador severo (la inhabilitación de cinco años). Esta regulación transforma el dilema ético de las "puertas giratorias" en un asunto de cumplimiento legal con consecuencias claras tanto para el funcionario como para la empresa privada involucrada.

7.2. Recomendaciones Finales

  • Guarda de Confidencialidad Permanente: La obligación de guardar secreto y no utilizar información privilegiada se mantiene de forma permanente, aun cuando el vínculo con el Estado se haya extinguido.
  • Cumplimiento Estricto de Plazos: Respetar el periodo de enfriamiento (impedimento) o la restricción de intervención (ingreso) es la acción más importante para evitar la inhabilitación de cinco años.
  • Abstención y Orientación: Frente a la mínima duda sobre la configuración de un conflicto, el servidor debe abstenerse de intervenir y buscar la orientación de la Oficina de Integridad Institucional de su entidad.

 


viernes, 28 de noviembre de 2025

REVISIÓN DE LA LEY N° 31288 - TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

 INTRODUCCIÓN

La Ley N° 31288, publicada en julio de 2021, es una norma fundamental en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en la administración pública peruana. Su objetivo principal es tipificar de manera específica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional (RAF) y establecer medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR). Esta ley realiza importantes modificaciones a la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR, fortaleciendo el rol fiscalizador y sancionador del ente de control.


I. MARCO LEGAL Y COMPETENCIA SANCIONADORA

A. Objeto y Modificaciones

La Ley N° 31288 tipifica las infracciones de RAF y establece medidas para la potestad sancionadora de la CGR. Modifica once artículos y una definición de la Ley N° 27785 (Artículos 11, 45, 46, 47, 48, 51, 56, 57, 58, 59 y una definición básica de la Novena Disposición Final).

B. Responsabilidad y Potestad Sancionadora (Art. 11 y 45)

La Responsabilidad Administrativa Funcional (RAF) es aquella en la que incurren servidores y funcionarios por contravenir el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de su entidad, identificada como resultado de un servicio de control posterior.

  • Determinación de Responsabilidades: Para la determinación de RAF, la CGR adopta acciones para determinar la responsabilidad e imponer la sanción.
  • Prevalencia: La potestad sancionadora de la CGR en materia de RAF prevalece frente a otras potestades sancionadoras administrativas, articulando con ellas para el deslinde de responsabilidades.
  • Otras Responsabilidades: Si se identifican responsabilidades de tipo civil o penal, las autoridades competentes deben iniciar las acciones correspondientes.
  • Hechos Sancionables: La CGR ejerce la potestad sancionadora teniendo como referencia los hechos contenidos en los informes de control posterior que identifican la RAF.

 

II. TIPIFICACIÓN DETALLADA DE CONDUCTAS INFRACTORAS (ART. 46)

La Ley establece 32 conductas infractoras, clasificándolas en graves y muy graves. La infracción puede cometerse de forma intencional o por falta de diligencia debida. El perjuicio es un efecto adverso diferente a la transgresión de normas.

A. Infracciones por Uso y Gestión de Recursos

Estas infracciones se centran en el manejo indebido de fondos, bienes y patrimonio público.

N°

Conducta Infractora

Clasificación Inicial

Condición para ser Muy Grave

1.

Autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o normativa, ocasionando perjuicio al Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

2.

Autorizar o ejecutar el otorgamiento de encargos o fondos fijos, o ejecutarlos, incumpliendo disposiciones que los regulan, ocasionando perjuicio al Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

3.

Autorizar, ejecutar o influir para la transferencia o uso irregular, en beneficio propio o de tercero, del patrimonio y recursos de la entidad, infringiendo normas específicas.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público. (Misma sanción aplica a quien permita que un tercero realice estas acciones ).

4.

Usar bienes o recursos públicos incumpliendo normas, o influir para su utilización irregular, ocasionando perjuicio al Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público. (No incluye el uso de vehículos asignados al servicio personal por razón del cargo ).

5.

Usar o disfrutar irregularmente bienes o recursos públicos para fines distintos a los legalmente previstos.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público. (No incluye el uso de vehículos asignados al servicio personal por razón del cargo ).

7.

Actuar sin diligencia debida en la ejecución del gasto público, generando paralización o suspensión de servicios, obras u operaciones, ocasionando perjuicio al Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

8.

Incumplir de manera intencional con la rendición de encargos, fondos fijos o caja chica, ocasionando perjuicio al Estado.

Muy Grave

No aplica distinción. (No incluye la omisión en la rendición de viáticos ).

22.

Contravenir el mandato legal que prohíbe la doble percepción de ingresos en el sector público, generando perjuicio económico o grave afectación al servicio público.

Muy Grave

No aplica distinción.

23.

Contravenir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remuneraciones, dietas o beneficios de cualquier índole, ocasionando perjuicio al Estado.

Grave

Si el beneficio es propio o se ha generado grave afectación al servicio público.

 

B. Infracciones en Contrataciones y Obras Públicas

Se enfocan en la transgresión de normas de adquisición y ejecución de proyectos.

N°

Conducta Infractora

Clasificación Inicial

Condición para ser Muy Grave

9.

Actuar en forma parcializada en contratos, licitaciones, concursos, subastas o cualquier otro procedimiento, dando lugar a beneficio propio o de tercero, ocasionando perjuicio al Estado.

Muy Grave

No aplica distinción.

10.

Contratar bienes, servicios u obras sin procedimiento de selección obligatorio, o incurrir en la prohibición de fraccionamiento.

Grave

Si se da apariencia de un procedimiento, se realiza de manera fraudulenta, o si hay perjuicio económico o grave afectación al servicio público.

11.

Incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para las contrataciones directas, exoneraciones o supuestos similares.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

12.

Autorizar o ejecutar la contratación de personas impedidas o inhabilitadas para contratar con el Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

13.

Incumplir disposiciones que regulan la elaboración, aprobación, modificación o ejecución del valor referencial, bases, términos de referencia, expedientes de contratación, etc., con perjuicio efectivo al Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

14.

Incumplir disposiciones sobre planes, bases, términos de referencia, etc., relacionados a licencias, subastas, concesiones o cualquier otra operación.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

15.

Incumplir disposiciones sobre la elaboración, aprobación, modificación o ejecución de la programación de inversiones, estudios de preinversión o expedientes técnicos.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

16.

Hacer declaración falsa al recibir o dar conformidad respecto al cumplimiento de los contratos (bienes, servicios u obras), en relación con las características establecidas.

Muy Grave

No aplica distinción.

17.

Aceptar garantías que no se ajusten a la normativa, no verificar su autenticidad, no solicitarlas, no ejecutarlas o no gestionar su renovación, cuando estuviera obligado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público.

18.

Omitir la aplicación o cobro de penalidades, o modificarlas injustificadamente o contribuir en su inaplicación o no cobro, generando perjuicio económico o grave afectación al servicio público.

Muy Grave

No aplica distinción.

 

 C. Infracciones de Deberes de Función y Conflictos de Intereses

Relacionadas con la ética, transparencia y el ejercicio diligente del cargo.

N°

Conducta Infractora

Clasificación Inicial

Alcance

19.

Incumplir los mandatos de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, pese a tener conocimiento o poder conocer.

Muy Grave

Ocasiona perjuicio al Estado.

20.

Omitir información o consignar información falsa, inexacta, tardía o incompleta, en la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas o declaración jurada de intereses, con la finalidad de ocultar situaciones irregulares.

Muy Grave

Atribuible al sujeto obligado a su presentación.

21.

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otro, haciendo uso de su cargo, autoridad, influencia o información privilegiada.

Muy Grave

Ocasionando perjuicio al Estado.

28.

Permitir por inacción, conociendo o pudiendo conocer diligentemente, la afectación a las normas que regulan los sistemas administrativos o funcionales por parte del personal a su cargo.

Grave

Si el perjuicio es económico, se ha generado grave afectación al servicio público, o la afectación es reiterada, es Muy Grave.

29.

Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada la entrega o suscripción de la información requerida, en el marco de la auditoría a la Cuenta General de la República y otros servicios de control.

Grave

No aplica distinción.

32.

Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo establecidas en instrumentos de gestión, contratos o normas, ocasionando perjuicio al Estado.

Grave

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, es Muy Grave.

 

D. Infracciones de Impacto Ambiental, Social y en Emergencias

Conductas que impactan la salud, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la atención social.

N°

Conducta Infractora

Clasificación Inicial

Alcance

6.

Incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas, que dé lugar a la falta de prestación de algún servicio, no entrega oportuna de un bien, subsidio o prestación económica.

Muy Grave

No aplica distinción.

24.

Incumplimiento funcional que dé lugar a la contaminación o falta de remediación del vertido de residuos (sólidos, líquidos, etc.), infringiendo la normativa aplicable, que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos naturales.

Muy Grave

No aplica distinción.

25.

Incumplimiento funcional que dé lugar a que se envenene, contamine o adultere aguas o sustancias alimenticias o medicinales, y generen riesgo o causen perjuicio a la vida o la salud.

Muy Grave

No aplica distinción.

26.

Incumplimiento funcional que dé lugar a que se extraiga o deprede especies de flora o fauna en épocas, cantidades, talla y zonas prohibidas o vedadas, o que se utilice métodos prohibidos.

Muy Grave

No aplica distinción.

27.

Incumplimiento funcional que dé lugar a que se asiente, deprede, explore, excave, remueva o afecte monumentos arqueológicos o patrimonio cultural de la nación, o que se permita su destrucción o comercialización irregular.

Muy Grave

No aplica distinción.

30.

Incumplimiento funcional que dé lugar a que los pliegos no realicen las transferencias de recursos a la CGR para la ejecución de las auditorías financieras gubernamentales.

Grave

No aplica distinción.

31.

Deteriorar, inutilizar o destruir bienes destinados a programas sociales, educación o salud pública, o permitir su deterioro por uso inapropiado o falta de diligencia en su mantenimiento/distribución.

Muy Grave

No aplica distinción.

  

III. SANCIONES Y CONSECUENCIAS (ART. 47)

Las infracciones dan lugar a la imposición de la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

  • Infracciones Graves: Inhabilitación no menor de 60 días calendario ni mayor a un (1) año.
  • Infracciones Muy Graves: Inhabilitación no menor a un (1) año hasta cinco (5) años.

Consecuencia Adicional: Si la sanción es mayor a seis (6) meses, supone además la consecuente extinción del vínculo jurídico de cualquier naturaleza que mantuviese el funcionario o servidor con una entidad pública.

 

IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y EL TRIBUNAL SUPERIOR

A. Procedimiento Sancionador (Art. 51)

Se rige por los principios de legalidad y debido procedimiento. El reglamento puede establecer mecanismos de derecho premial, conclusión anticipada o de excepción al inicio del procedimiento.

B. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) (Art. 56, 58)

El TSRA es la última instancia administrativa en el procedimiento sancionador.

  • Independencia: Goza de independencia técnica y funcional en las materias de su competencia.
  • Funciones: Conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación contra la sanción. Puede revocar, confirmar o modificar lo resuelto, respetando la prohibición de reforma en peor.
  • Resoluciones: Ponen fin a la vía administrativa, procediendo contra ellas la acción contencioso-administrativa.

C. Obligaciones de las Entidades Públicas (Art. 11)

Las entidades deben implementar las acciones resultantes de las sanciones impuestas por la CGR o el TSRA en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad de su titular.

  • Celeridad: El retraso no impide la eficacia de la sanción, pues esta es de cumplimiento obligatorio y efectividad inmediata.

 

V. APLICACIÓN TECNOLÓGICA Y DISPOSICIONES FINALES

A. Uso de Tecnologías de la Información (Disposición Complementaria Modificatoria Única)

La CGR implementa progresivamente el procedimiento electrónico, la notificación electrónica, el domicilio electrónico, la casilla electrónica y la mesa de partes virtual. Las personas relacionadas con estos procesos están obligadas a su empleo.

B. Disposiciones Reglamentarias

La CGR fue autorizada a aprobar el reglamento del procedimiento administrativo sancionador por RAF en un plazo de treinta (30) días calendario desde la publicación de la ley, para establecer las disposiciones complementarias necesarias.

C. Aplicación de Normas en el Tiempo (Disposición Complementaria Final Cuarta)

Las infracciones y sanciones especificadas en la ley se aplican a los hechos cometidos o culminados a partir de su entrada en vigencia.

 

CONCLUSIÓN

La Ley N° 31288 representa un avance significativo al dotar de un marco tipificador específico y detallado a la Contraloría General de la República, reforzando su capacidad para sancionar el mal manejo de la función pública, la contratación irregular y el uso indebido de recursos. La clasificación de las infracciones, la gravedad de las sanciones (inhabilitación de hasta 5 años y extinción del vínculo) y la obligatoriedad de la implementación inmediata por parte de las entidades consolidan el sistema de control y buscan desalentar la comisión de actos irregulares en la administración del Estado.

 

LA ÉTICA INTERIORIZADA COMO ANTÍDOTO CONTRA LA DEPENDENCIA DEL CONTROL

  Por:  Lic.Adm. Angel Vásquez INTRODUCCION La efectividad y la sostenibilidad de cualquier organización, sea esta una entidad de gestión pú...