viernes, 5 de diciembre de 2025

LAS PUERTAS GIRATORIAS EN EL PERÚ: ANÁLISIS, REGULACIÓN Y SANCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES BAJO LA LEY N° 31564

Por: Lic.Adm. Angel Vásquez

I. Introducción

1.1. Contexto y Justificación

El fenómeno de las "puertas giratorias" se refiere al tránsito fluido de profesionales entre el sector público y el sector privado, y viceversa. Si bien la movilidad laboral es legítima y necesaria, este mecanismo introduce un riesgo estructural de conflicto de intereses en la administración estatal. Este conflicto se materializa cuando un funcionario público utiliza su posición, su influencia o su conocimiento privilegiado de la entidad para beneficiar intereses particulares, ya sea al salir hacia el sector privado o al ingresar desde él con sesgos preexistentes.

En el Perú, la respuesta normativa para fortalecer la integridad pública y prevenir la "captura de políticas públicas" se formalizó con la promulgación de la LEY N° 31564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. El objeto de esta ley es establecer obligaciones e impedimentos para fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la prevención y mitigación de este conflicto.

1.2. Objetivos

  • Objetivo General: Analizar el marco legal peruano (Ley N° 31564) para la prevención y mitigación del conflicto de intereses, detallando sus criterios de aplicación, mecanismos de control y el régimen sancionador asociado.
  • Objetivos Específicos: Definir los sujetos obligados; detallar los criterios de "Competencia Funcional Directa" y "Ámbito Específico de la Función"; y desarrollar el alcance y las consecuencias del régimen de sanciones, especialmente la inhabilitación.

II. Marco Normativo y Alcance

2.1. Alcance de la Ley N° 31564

La Ley N° 31564 no deroga la Ley del Código de Ética de la Función Pública, sino que establece un marco más específico y detallado, derogando la anterior Ley N° 27588.

La norma aplica a dos grandes grupos de sujetos, independientemente de su vínculo laboral o contractual:

Sujetos del Sector Público

Sujetos del Sector Privado

Altos funcionarios: Directores, titulares, miembros de consejos directivos, consultivos, tribunales y órganos colegiados.

Accionistas Mayoritarios: Titulares de más del 1% de acciones o participaciones en personas jurídicas vinculadas a la entidad pública.

Funcionarios de línea: Funcionarios y servidores que han accedido a información privilegiada o relevante y cuya opinión fue determinante en la toma de decisiones.

Directivos y Asesores: Directores, representantes legales, gerentes, asesores o consultores de las empresas privadas mencionadas, con una antigüedad no mayor a un año al momento de su egreso.

Personal de Alta Dirección: Incluye Ministros, Viceministros, Congresistas, Jueces, Fiscales, Gobernadores, Alcaldes, Jefes de Organismos Autónomos, entre otros.

Miembros de Órganos de Dirección: De sociedades civiles o personas jurídicas sin fines de lucro vinculadas a la competencia de la entidad.

2.2. Obligaciones de los Sujetos del Sector Público

Los funcionarios y servidores están sujetos a dos obligaciones fundamentales que se mantienen incluso después de extinguirse su vínculo con el Estado:

  • Guardar Secreto y Confidencialidad: Respecto a los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter (secreta, reservada o confidencial).
  • No Divulgar ni Utilizar Información Privilegiada: Abstenerse de usar información que, sin tener reserva legal, resulte relevante y privilegiada, en beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del Estado.

III. Criterios de Identificación y Aplicación

La ley opera mediante la identificación de una relación funcional previa o potencial, estableciendo los periodos de enfriamiento (impedimentos o restricciones).

3.1. Criterios para el Tránsito del Sector Público al Sector Privado (Impedimentos - Artículo 4)

El impedimento se activa cuando el exfuncionario tuvo Competencia Funcional Directa sobre una empresa o institución privada en los últimos doce (12) meses de su gestión. Esta competencia se determina si:

  1. La empresa fue beneficiaria con un acto administrativo emitido por el exfuncionario o por la entidad bajo su dirección.
  2. La empresa estuvo comprendida en el ámbito específico de función, control y poder de decisión del exfuncionario.

Ejemplo de Aplicación (Competencia Funcional Directa):

Un Director de la Dirección de Asuntos Ambientales de un Ministerio emitió la aprobación final de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Empresa Minera X. Al cesar en el cargo, este director tiene un impedimento directo para prestar servicios, asesorar o formar parte del directorio de la Empresa Minera X, pues esta fue beneficiaria de un acto administrativo en el que él tuvo competencia funcional directa.

3.2. Criterios para el Tránsito del Sector Privado al Sector Público (Restricciones - Artículo 5)

Las restricciones se aplican a quienes ingresan al servicio público, buscando evitar que tomen decisiones sesgadas. Se activan cuando la nueva función pública tiene un Ámbito Específico de la Función que comprende a las empresas o entidades privadas con las que el sujeto estuvo vinculado laboral o contractualmente en el año anterior a su ingreso.

Ejemplo de Aplicación (Ámbito Específico de la Función):

Una Gerente de Asuntos Gremiales de la Asociación de Bancos es nombrada Directora de Estudios Económicos en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Si bien puede ingresar al cargo, tendrá una restricción de tres años para intervenir, opinar o decidir sobre solicitudes, causas, o cualquier procedimiento que involucre a la Asociación de Bancos o a sus miembros principales (los bancos).

IV. Impedimentos y Restricciones: El Periodo de Enfriamiento

La Ley establece plazos obligatorios que buscan mitigar el riesgo de conflicto de intereses:

4.1. Plazos para el Sector Público que Egresa (Impedimentos)

Los impedimentos se extienden hasta un (1) año posterior a la extinción del vínculo laboral o contractual con la entidad pública. Durante este plazo, el exfuncionario está impedido de: prestar servicios bajo cualquier modalidad, aceptar representaciones, formar parte del directorio o adquirir acciones de las empresas sobre las cuales tuvo competencia funcional directa.

Excepción: La prohibición de intervenir como abogado, apoderado, asesor, patrocinador, perito o árbitro en procesos pendientes subsiste permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieran participado directamente.

4.2. Plazos para el Sector Privado que Ingresa (Restricciones)

Los impedimentos (restricciones de intervención) se extienden hasta tres (3) años posteriores a la extinción del vínculo laboral o contractual con la empresa o institución privada.

Excepción: Para los sujetos que son titulares de más del 1% de acciones de una persona jurídica vinculada (literal a del numeral 2.2), los impedimentos son permanentes mientras mantengan tal condición. Una vez cesada dicha condición, les son aplicables los plazos de tres años.

V. Mecanismos de Control y Prevención

La Ley implementa diversas herramientas para garantizar su cumplimiento:

  • Declaración Jurada (DJ): Es obligatoria su presentación, previamente a la contratación, ante la Oficina de Recursos Humanos o Logística. Esta DJ es de carácter público y está sujeta a fiscalización.
  • Cláusula de Cumplimiento: Los contratos de locación de servicios que celebren las entidades con sujetos del sector privado deben incluir una cláusula que advierta que la presentación de información falsa en la DJ o el incumplimiento de los impedimentos del artículo 5 son causales de resolución de contrato y, consecuentemente, de inhabilitación por cinco años.
  • Publicación de Listas: Las entidades del sector público están obligadas a publicar y actualizar en sus portales institucionales la lista de los sujetos obligados comprendidos en la norma.
  • Supervisión y Control: La Oficina de Integridad Institucional de cada entidad implementa las acciones de prevención y mitigación y supervisa el cumplimiento de la ley.

VI. Régimen Sancionador y Responsabilidades Legales

La Ley N° 31564 establece sanciones concretas que demuestran su carácter punitivo, además de preventivo.

6.1. Clasificación de las Infracciones

El incumplimiento de la Ley constituye una falta de carácter disciplinario, clasificada en:

  • Infracciones Leves: No solicitar la DJ o no implementar las acciones de prevención.
  • Infracción Grave: Presentar la Declaración Jurada con información inexacta o falsa.
  • Infracciones Muy Graves: El incumplimiento de las obligaciones (secreto/confidencialidad) o de los impedimentos (período de enfriamiento/restricciones) establecidos en los artículos 3, 4 y 5.

6.2. La Sanción de Inhabilitación

La sanción más grave y característica es la inhabilitación para contratar o prestar servicios al Estado:

Caso de Incumplimiento

Sanción Aplicable

Alcance de la Sanción

Incumplimiento de Impedimentos (Art. 4.2)

Inhabilitación por cinco (5) años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Afecta al exfuncionario que violó el periodo de enfriamiento y a la empresa privada que participó en dicho incumplimiento.

Incumplimiento de Restricciones (Art. 5)

Inhabilitación por cinco (5) años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Afecta al sujeto del sector privado que, al ingresar con un vínculo contractual no laboral, intervino en asuntos que le estaban restringidos.

Una vez detectado el incumplimiento, la máxima autoridad administrativa notifica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para su inclusión en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para su inclusión en la relación de proveedores inhabilitados.

6.3. Responsabilidad Adicional

Las sanciones administrativas son aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Si el acto de incumplimiento constituye un delito (como Tráfico de Influencias o Negociación Incompatible), el infractor deberá responder ante la justicia penal.

VII. Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

La Ley N° 31564 representa un avance fundamental en el diseño de una política de integridad robusta en el Perú. Al enfocarse en el control del conflicto de intereses antes de que se materialice en corrupción, establece un mecanismo preventivo (periodos de enfriamiento de uno a tres años y las restricciones de intervención) y un régimen sancionador severo (la inhabilitación de cinco años). Esta regulación transforma el dilema ético de las "puertas giratorias" en un asunto de cumplimiento legal con consecuencias claras tanto para el funcionario como para la empresa privada involucrada.

7.2. Recomendaciones Finales

  • Guarda de Confidencialidad Permanente: La obligación de guardar secreto y no utilizar información privilegiada se mantiene de forma permanente, aun cuando el vínculo con el Estado se haya extinguido.
  • Cumplimiento Estricto de Plazos: Respetar el periodo de enfriamiento (impedimento) o la restricción de intervención (ingreso) es la acción más importante para evitar la inhabilitación de cinco años.
  • Abstención y Orientación: Frente a la mínima duda sobre la configuración de un conflicto, el servidor debe abstenerse de intervenir y buscar la orientación de la Oficina de Integridad Institucional de su entidad.

 


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